De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), la adquisición de una participación de control de una sociedad cotizada (30% de derechos de voto) está sujeta a la formulación obligatoria de una oferta pública de adquisición por el 100% de los valores a un precio equitativo, según define el Real Decreto 1066/2007 de 27 de julio.
Esa obligación es de aplicación con independencia de la situación financiera en la que se encuentre la sociedad en cuestión. El precio equitativo deberá de ser aprobado por la CNMV que tendrá en cuenta, entre otros extremos, un informe de valoración de la sociedad realizado por un experto independiente.
Si la Oferta Pública de Adquisición no fuera autorizada, bien por incumplimiento del precio equitativo o por cualquier otro extremo, se suspenderán los derechos políticos de las acciones que correspondan directa o indirectamente al oferente y a quienes actúen concertadamente con él, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Título VIII de la LMV. Idéntica circunstancia tendrá lugar si no se formulara la Oferta Pública de Adquisición de valores.
En el caso de las adquisiciones de participaciones de control por capitalización de créditos en acciones, la excepción a la exigibilidad de oferta pública a que se refiere la letra d) del artículo 8 del citado Real Decreto, solo será aplicable cuando la operación se conciba para garantizar la viabilidad financiera a largo plazo de la sociedad. Extremo que deberá ser fehacientemente acreditado ante la CNMV.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores velará particularmente porque en estos procesos no se produzcan supuestos de abuso de mercado.
Puede parecer farragoso, pero tiene una enorme trascendencia en algunas empresas cotizadas. En resumen lo que dice es que va a perseguir a aquellos que simulan ser independientes entre sí pero de facto controlan conjuntamente una compañía, o a aquellos que ocultan participaciones en empresas fantasmas para que no se les vincule con ellas.
Ejemplos los hay a montones. Por citar alguno, ahí tenemos a Jaime Botín, condenado por no declarar durante lustros una participación significativa en Bankinter. Incluso tras la exigua multa, encima tuvo valor para quejarse amargamente desde una carta al director de un importante medio de comunicación.
No menos relevante es la historia de los Carceller, padre e hijo, que aparte de sus líos con Hacienda e intentar hacerse con Pescanova, suman sospechas acerca del capital que controlan en Damm. El juez va tirando de la cuerda y parece que les puede obligar a lanzar una OPA. Hombre, pensar que padre e hijo son independientes, pues qué queréis que os diga, ni en Yupilandia se lo creen.
Y ya por acabar el asunto Colonial, con Villar Mir quedándose justo debajo del 30% y asegurando que el inversor dominicano que le acompaña no tiene nada que ver con él. Familia no son, pero buenos amigos seguro, así que tiene un tufillo a operación concertada que ha llegado incluso a la CNMV, que ya es decir.
Veremos si hay novedades en las próximas semanas.
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